Algunos temen que flexibilizar los requisitos para acceder a la sustitución pensional incremente los costos del sistema. Este argumento enfrenta la tensión entre sostenibilidad financiera y derechos fundamentales.
¿Debe prevalecer la estabilidad fiscal por encima de la dignidad humana? ¿O el gasto social es precisamente la inversión más importante en una sociedad justa?
La discusión no es menor: ¿queremos un sistema que ahorre recursos a costa de dejar a adultos mayores sin protección, o uno que asuma el costo de garantizar un mínimo vital?
Equipo jurídico MS CONSULTORÍA JURÍDICA S.A.S